Colombia ha sido una de las naciones más progresistas en cuanto al trato y manejo del fenómeno migratorio venezolano. Actualmente es el principal receptor de venezolanos de América Latina, seguido de Ecuador, Perú, Chile y Argentina.

Desde el 2014 hubo un crecimiento exponencial de la permanencia de estos ciudadanos, tanto que en febrero de 2020 se registró el pico más alto alcanzando la cifra de 1.800.000 migrantes viviendo en el país.

Sin embargo, el confinamiento obligatorio causado por la pandemia del coronavirus afectó la economía en marzo del año pasado, llevando a miles de ellos a perder sus empleos y arriendos. Dicha situación empeoró las condiciones de vida de más de 130.000 personas, que decidieron retornar voluntariamente a su país. 

El retorno se complicó luego de que el gobierno venezolano limitara la entrada de sus conncionales por los corredores humanitarios en Arauca y Norte de Santander, calificándolos de "armas biológicas" por el tema de la propagación del coronavirus. Para eso, el Estado colombiano a través de la Gerencia de Frontera, autoridades departamentales y municipales coordinó el traslado humanitario y la permanencia temporal de los migrantes con asistencia humanitaria en la frontera hasta que pudieran cruzar a territorio venezolano.   

Migración Colombia señaló que hasta el 31 de diciembre de 2020, el país albergaba a 1.729.537 venezolanos, de los cuales 762.823 tienen condición regular y 966.714 son irregulares, gran parte de ellos distribuidos principalmente en Bogotá, Barranquilla y Cúcuta.
 

Avances en regularización

En los últimos cuatro años, desde la agudización del fenómeno migratorio, el Gobierno Nacional ha emitido ocho tipos de documentación para regularizar a la población venezolana en Colombia.

El primero, llamado Permiso Especial de Permanencia (PEP), se emitió durante la presidencia de Juan Manuel Santos, el 25 de julio de 2017 a través de la Resolución 5797, exigiendoles a los migrantes tener su pasaporte con sello de ingreso al país, antes de la fecha mencionada, para poder obtenerlo.  

Este documento abrió la posibilidad a miles de venezolanos de permanecer en Colombia; acceder a la oferta institucional en materia de salud, educación, trabajo y movilizarse libremente por el territorio nacional.

La vigencia del permiso se acordó por dos años, dando plazo para que la situación en Venezuela mejorará, pero hoy el panorama en ese país es alarmante y el éxodo es cada día mayor a través de los pasos irregulares.  

El progresivo aumento de migrantes motivó al Estado colombiano a generar otras fases del PEP por medio de Cancillería y Migración Colombia, entre ellos el PEP II, PEP III y PEP IV, otorgados en 2018; PEP V, en 2019; PEP VI y PEP VII, concedidos en 2020.  

Además se creó la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), conocida también como carné fronterizo, pensada en aquellos ciudadanos venezolanos que cruzaban regularmente la frontera para abastecerse de alimentos, medicinas y otros servicios básicos.

Sobre este documento hay mucha expectativa, ya que quienes lo tienen y se les ha vencido esperan el aplicativo en la página de Migración Colombia para renovarlo. Otros desean tramitarlo por primera vez para ingresar al país de forma regular, recibir asistencia médica por urgencias o entrar al sistema educativo, pero no ha sido posible por el cierre fronterizo generado por la emergencia sanitaria.

Expectativas  

La población migrante irregular mantiene sus esperanzas de alcanzar un instrumento de identificación que los reconozca y formalice su vocación de permanencia en el país y así acceder a empleo, asistencia en salud y educación.   

El Gobierno nacional mencionó que está en proceso la formalización de un documento especial para los estudiantes en territorio colombiano, denominado PEP estudiantil, el cual facilitará a los migrantes venezolanos el acceso educativo en los niveles de preescolar, básica y media.

Las autoridades migratorias han señalado que el PEP estudiantil se encuentra “en trámite de firmas” para poder implementarlo. Este permiso es uno de los más demandados por los migrantes porque han manifestado el deseo de inscribir a los hijos en el sistema educativo colombiano, y a pesar de tener una matrícula general de 363.126 alumnos venezolanos, muchos han denunciado trabas para poder incluirlos en las escuelas.  

Este permiso, según el Ministerio de Educación, beneficiaría al 85% de los estudiantes venezolanos.

La otra gran apuesta del Gobierno Nacional este año está centrada en la preparación y diseño del sistema biométrico de identificación para los migrantes venezolanos en Colombia.

Este será un mecanismo “más sólido, con más garantías y con mayor protección que les va permitir un mayor ejercicio de sus derechos”, enfatizaron las autoridades migratorias.

Es una tecnología de identificación basada en el reconocimiento de características físicas intransferible de los seres humanos. La cual tendrá dos etapas: la primera virtual donde los venezolanos harán el registro de los datos; y la segunda presencial para las verificaciones y este procedimiento tiene que ser seguro y ágil.