En Colombia, a corte de julio de este año, hoy viven aproximadamente 1.731.017 venezolanos, según cifras de Migración Colombia. El 55,79% de esta población está en condición irregular. Este es el principal reto a solucionar para el nuevo gerente de Frontera del Gobierno nacional, Lucas Gómez.
El funcionario conversó con La Opinión y Estoy en la Frontera y enfatizó que modernizar el tema de la regularización migratoria de los venezolanos en el país es un salto en el cual están trabajando.
Gómez subrayó que la integración es otro punto obligado en su labor.
¿Cuál es la visión del Gobierno nacional de la situación en la frontera?
Es un lujo tener al presidente Duque en el tratamiento del tema migratorio, porque es un presidente progresista en estos temas. Esto es una política de Estado y las decisiones que se están tomando ahora van a trascender durante años, porque la migración está para quedarse.
¿Hacia dónde vamos en materia migratoria en el país?
El tema ahora es dar el salto y modernizarnos en el tema de regularización migratoria. El Permiso Especial de Permanencia (PEP) hace tres años tuvo su vocación, cumplió sus funciones, pero ya nos dimos cuenta que no era. Hoy tenemos un flujo migratorio que si se cae Maduro mañana no se va a devolver.
Vamos hacia la integración, tenemos que trabajar en esto, es la obligación; y dar el salto de la política de atención humanitaria, en donde cooperación nos está ayudando y estamos felices que estén aquí, pero nos tienen que ayudar más, porque la correlación en dólares por migrante sirio y venezolano es de 7 a 1: con los primeros estamos casi en 300 dólares y acá con los venezolanos en 48 dólares, y eso tiene que cambiar.
Esto no lo puede asumir solo Colombia, porque nuestra política sí tiene que ser la misma: de puertas abiertas.
¿Cuál es el gran desafío para el Gobierno en materia de regularización, tomando en cuenta que la mayoría de los venezolanos está en condición irregular?
Estamos trabajando con Migración Colombia y Cancillería. Sostuvimos una reunión la semana pasada, porque estamos buscando un mecanismo para la modernización de ese estatuto migratorio de los venezolanos, que le permita al migrante estar tranquilo.
Tenemos que poner un poco de orden, le vamos a dar la herramienta para que se deje el asistencialismo, deje el miedo y empiece a buscar trabajo, a partir de su perfil socioprofesional.
Esto nos va a ocupar por lo menos el resto de este Gobierno, ese es un gran desafío. Si en el 2022 logramos tener solucionado el tema de la regularización de los venezolanos que están aquí y del flujo que nos va llegar en los próximos meses, dejaríamos un legado a largo plazo.
¿Qué tipo de documento se está pensando para lograr esto?
El PEP es la realidad que tenemos hoy, y es importante mantener la regularización de quienes están y mantenerla, mientras como Gobierno nos ponemos de acuerdo de cómo hacerlo. Estamos trabajando en un documento diferente, moderno, que se adapte a la nueva migración que tenemos en el territorio.
Y la nueva migración no son los 400.000 que llegaron, y después los otros 500.000, sino una población de alrededor de 2.000.000. Este nuevo documento nos va permitir incluir a los que ya están acá y tener en consideración a los que van a llegar.
El sistema tendrá un reconocimiento biométrico, porque acá en Colombia tenemos un problema y es que no sabemos quiénes están.
¿Este proceso de regularización si se iniciará este año?
Va ser rápido, pero necesitamos tener definido cuál es el instrumento que se va aplicar. Estamos trabajando en un decreto que deberá salir a finales de año y una vez salga, con los recursos que ya tenemos, iniciaríamos ya el año entrante con ese proceso de regularización y homogenización.
El cambio de la ayuda asistencialista a la sostenibilidad del migrante ¿cómo se va lograr?
Esto es más un cambio de chip, y esto parte desde el Gobierno. Desde las directrices que nosotros impartamos, más un trabajo con la cooperación.
Existe un tema clave y es que mucha de esa cooperación tiene una vocación humanitaria y nosotros no podemos decir que cambien esa vocación.
Allí es cuando nosotros tenemos que darle elementos claves a la cooperación, y el Gimff (Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos) siempre está en la escucha de cuáles son los lineamientos del Gobierno y trabajamos de la mano en las estrategias de atención a los migrantes.
¿Cómo se están articulando el Gobierno nacional y regional en estos temas de sostenibilidad e inversión?
Tenemos la migración pendular que siempre va existir con frontera abierta, o cerrada. Esto es una realidad que va existir, el tema de las trochas.
Por ello hemos reforzado los controles donde Policía y Ejército están patrullando. Estamos allí y tenemos que enviar un mensaje de soberanía, pero tenemos una frontera de más de 200 kilómetros en el departamento.
Pero ¿cómo hacemos para que los capitales venezolanos lleguen o se queden cerca de la frontera? La primera oleada del venezolano no pasó por Cúcuta, pero hay un pequeño inversionista venezolano que intenta, que sigue intentando a pesar de las dificultades.
Había un piloto de la Cámara de Comercio donde se estaban formalizando a algunos inversionistas venezolanos de los centros comerciales y buscando capital de inversionista, incluso, dándoles visa de inversionistas.
¿Cómo se va manejar la frontera en el corto y mediano plazo?
La frontera está cerrada y el mensaje es que la gente no se arriesgue (a pasar por trochas), porque es muy grande el riesgo porque están siendo víctimas de las estructuras criminales en estos pasos.
Pero el tema de la apertura es importante, porque no se puede hablar de reactivación en Norte de Santander sin decir ¿cuándo se va abrir la frontera, o qué vamos hacer?.
El ciclo del decreto del cierre se acaba el 31 de octubre, pero ¿qué va pasar en las fronteras?, pues se va iniciar un nuevo ciclo porque el primero de noviembre no hay apertura de frontera, no estamos en condiciones.
Aquí lo clave es que se debe hacer una reapertura responsable y la responsabilidad tiene que tener en cuenta la salud de todos los colombianos y de los migrantes.
Estamos trabajando muy responsablemente con la OPS (Organización Panamericana de la Salud), a quienes les pedimos que trabaje de la mano del IDS (Instituto Departamental de Salud) y del Ministerio de Salud en cuáles serían esas alternativas posibles. Y eso no quiere decir que se va a trabajar en estas alternativas para que se haga ya, no. Eso hay que pensarlo y mirar las distintas opciones cumpliendo los estándares internacionales.
El presidente ha sido muy juicioso en revisar las decisiones que se han de tomar en medidas de COVID-19 frente a lo que hace OPS.
Estamos en unas condiciones en las que tenemos que ver cómo lo hacemos, estamos revisándolo con los protocolos más estrictos, para que lo que sea regular sea controlado.
Pero, al mismo tiempo tenemos que mirar las alternativas para el comerciante, porque por una parte está el control sanitario, que prima, pero también está la necesidad del comercio. Por ejemplo, se puede establecer un punto específico de intercambio comercial controlado con los protocolos de bioseguridad, que sea un sitio de abastecimiento, pero no es una decisión fácil.
¿Cuántas personas están pasando por las trochas diariamente?
Las estadísticas que tenemos es de aquellos que deciden seguir la ruta y no tienen vocación de regresarse. Estamos haciendo un conteo que varía cada semana y eso depende de los bloqueos que se hacen del otro lado de la frontera.
Las estadísticas de esta semana es de 120 a 150 personas diarias que pasan por el refugio de la Don Juana, pero la semana pasada logramos hablar de 600 personas. Desde hace 2 o 3 semanas ha aumentado considerablemente.
Con estas 120 a 150 personas que están pasando y llegan al refugio, no es solo hacerles un control migratorio, sino además hacerles acompañamiento con la ayuda humanitaria hasta Bucaramanga.
¿Cómo están trabajando para reactivar la ruta de atención al caminante?
Para la ruta se están buscando las opciones. Pero sí es necesario reabrir la ruta porque el drama está en la carretera y son temas humanitarios.
No vamos a instalar un albergue permanente. Será un centro de atención donde se la hace un alto en el camino para que ellos puedan descansar.
Hemos acordado que se colocará un punto antes del casco urbano de Pamplona y un punto luego del casco urbano, y el transporte o el trayecto entre esos dos puntos se va hacer en buses operados por la cooperación internacional para que el migrante no atraviese la ciudad a pie.