La población de niños y adolescentes migrantes procedentes de Venezuela matriculados en el sistema educativo del país está creciendo. De 2018 a 2020 se multiplicó por diez el número de menores de edad con esa nacionalidad inscritos en colegios y escuelas del sector público y privado, en todos los niveles de formación.
Esa dimensión se traduce en que para el primer año (2018) la muestra indicaba que 34.030 estaban recibiendo sus clases. Esa cifra llegó a 206.013 el año pasado y en octubre de 2020 se ubicó en 363.126, según el Ministerio de Educación.
Esa progresión es proporcional al fenómeno de movilidad humana impulsado por la agudización de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. Si se compara con el censo de ciudadanos de esa nación que realiza Migración Colombia, 2018 cerró con alrededor de 1 millón de migrantes en el país y ese número pasó a 1,4 millones en 2019. Para agosto de 2020 oscilaba en 1,7 millones de personas.
Un informe del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana considera que, así como se agudizó la movilidad entre países, también creció la población en edad escolar.
El reporte dice que ese incremento puede explicarse en que desde abril de 2018 el Ministerio de Educación y Migración extendieron en acceso al sistema educativo a todos los niños y adolescentes venezolanos, sin importar el estatus migratorio, porque se entiende el acceso a la educación como derecho fundamental.
Por eso, cuando un menor de edad indocumentado necesita matricularse, se le asigna un código NES –número de Identificación establecido por la Secretaría de Educación– que lo identifica. Ese año también fueron incluidos como beneficiarios en el Plan de Alimentación Escolar (PAE).
Dos nacionalidades en clase
Si bien las cifras oficiales de población venezolana en el país descendieron de marzo a agosto, pasando de 1,8 millones a 1,7 millones, la Gerencia de Fronteras y Migración Colombia han señalado que cuando se reabra la frontera los flujos podrían incrementarse.
Incluso, calculan que alrededor de 500 personas estarían ingresando cada semana a Colombia por las trochas, pero, como estas no atraviesan por pasos oficiales, no se conoce con la cifra exacta de venezolanos que están en el país.
La migración no se ha detenido y los menores de edad de ese país están en riesgo de que su derecho a la educación sea vulnerado. “El reto es mayor porque “los estudiantes venezolanos tienen necesidades diferentes y son una población vulnerable, lo que implica desafíos en términos del diseño e implementación de políticas públicas”, explica el reporte de la Javeriana.
Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación, considera que se deben mejorar los registros de información de esa población para la toma adecuada de decisiones, aplicarse campañas para evitar la segregación y la xenofobia y llevar un acompañamiento psicológico a los niños, niñas y adolescentes, y, en el proceso, involucrando también a sus acudientes.
El Ministerio de Educación reseña que el 35 % de los menores de edad que estudian en el territorio nacional están en el centro oriente del país; 33 %, en el Caribe; 14 % en Antioquia y el Eje Cafetero. Los restantes estudian otras zonas.
Una investigación sobre las dinámicas migratorias de Barranquilla, Bogotá y Medellín realizada por el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer recomendó utilizar el número NES –con el que se registra a los migrantes en las instituciones educativas– para identificar su ubicación y hacer seguimiento a su permanencia en el sistema.
En las regiones ya se adelantan esfuerzos para garantizar que los estudiantes sigan conectados con las aulas. La Gobernación de Norte de Santander habilitó un corredor humanitario para enviar el paquete de alimentación del PAE a 700 alumnos que estudian en Colombia, pero viven en Venezuela. Una muestra de que la educación de un territorio a otro está conectada.
