En Colombia, es deber del empleador asumir el pago de las cotizaciones correspondientes al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL), una vez se haya llevado a cabo la celebración de un contrato con el trabajador.
De este modo, la empresa debe informar de manera efectiva, ya sea grupal o individual, la entidad en la que se haya realizado la afiliación de riesgos laborales, al igual que la promotora de salud.
Según el decreto 1772 de 1994, el porcentaje de cotización depende de tres factores que se dividen en:
- La actividad económica del empleador
- Índice de lesiones incapacitantes de cada empleador, calculado según la metodología general definida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
- El cumplimiento de las políticas y la ejecución de los programas sobre salud ocupacional, determinados por la entidad administradora de riesgos profesionales a la cual se encuentra afiliado el empleador.
Si el contratante incumple con el pago obligatorio de las cotizaciones establecidas en conocimiento o desconocimiento del trabajador, deberá someterse a una sanción, la desafiliación automática al Sistema General de Riesgos Profesionales y la responsabilidad económica total sobre la atención y pago de las prestaciones económicas y asistenciales.
De igual forma, la no afiliación a este sistema también acarrea una sanción y en caso de percatarte sé ello, lo primero es intentar llegar a un acuerdo con el contratante exponiendo y pidiendo que se salvaguarden tus derechos como trabajar.
Si no llega a ningún acuerdo, puedes dirigirte al inspector del trabajo para que se te asesore y acompañe en la ejecución del respectivo trámite legal, como una queja por incumplimiento de las obligaciones adquiridas tras la firma del contrato.
Entidades como la Defensoría del Pueblo, Personería Municipal o los consultorios jurídicos de las universidades también podrán ayudarte a llevar tu caso de manera gratuita a la institución encargada de resolver estas situaciones.
Recuerda que el desacato en el pago de los aportes en algunos casos puede constituir un motivo de peso para que el trabajador presente su renuncia justificada y tenga derecho a reclamar una indemnización similar a la que recibiría en caso de terminación injusta del contrato.
