La guerra del Catatumbo no solo ha desolado caseríos y escuelas de esta subregión de Norte de Santander. El miedo sembrado por la confrontación entre el Eln y Los Pelusos, que se encendió en 2018 y sigue causando muerte y destrucción, también se ha escabullido en las instituciones de salud de Tibú, cuyo personal ha optado en ocasiones por salir del territorio y huir de la violencia.
Estos cargos públicos, que contemplan un salario entre $6’700.000 y $7’200.000, se han vuelto atractivos para la población venezolana con formación profesional, que llega al país en busca de mejores condiciones de vida.
Este es el caso de los nueve galenos extranjeros que sin importar el clima de hostilidad y el riesgo de trabajar en medio del fuego cruzado, conforman la mitad del equipo médico del Hospital Regional Norte de Tibú, integrado por 18 doctores.
Desde año y medio, la inseguridad se ha ensañado contra 14 instituciones prestadores de salud (IPS) en cinco municipios de Norte de Santander, que están adscritas a esta Empresa Social del Estado (ESE). Sin embargo, los hechos violentos más graves se han concentrado en suelo tibuyano.
En lo corrido de 2019, la entidad ha reportado 25 infracciones contra la misión médica, superando las 15 agresiones reportadas en todo 2018.
Esta seguidilla de acciones armadas ha propagado el temor entre los profesionales de la salud, quienes han preferido colgar su bata y huir del territorio.
“Lamentablemente se presentan estas situaciones en el Catatumbo y obligan a la renuncia de algunos médicos. Los grupos al margen de la ley han impulsado la salida de estos trabajadores”, explicó Juan Bitar, director del Instituto Departamental de Salud (IDS).
El calvario de encontrar trabajo
La diáspora de estos médicos se viene saneando con el éxodo de ciudadanos provenientes del vecino país. La colombovenezolana Gabriela Marcucci, nacida hace 39 años en Caracas, es el retrato del nuevo personal.
Ella llegó a Cúcuta a inicios de 2018, cuando trabajaba en tres hospitales de la capital venezolana y realizaba consultas externas, por un pago mensual de 5.000 pesos.
La hiperinflación de Venezuela dilapidó su famélico salario y a esta doctora, especialista en pediatría y neumología infantil, no le alcanzó el dinero para comprar durante ese mes la leche en polvo que usaba para alimentar a sus dos hijos.
“La situación estaba muy difícil y el pago de los médicos estaba escaso. Trabajaba en tres hospitales y tres consultas como especialista, y el ingreso no alcanzaba (…) Yo hacía milagros. Pero todo se fue agravando, hasta que resolví despegarme de mi país”, relató esta migrante.
Su arribo a la capital nortesantandereana estuvo motivado porque su papá es colombiano, lo que la convierte en connacional. Sin embargo, la tramitación de su ciudadanía no fue nada fácil y, en el momento de su llegada, ni se imaginó el calvario que se le avecinaba.
Gabriela amanecía a las afueras de la oficina de la Registraduría, de la ciudad fronteriza, buscando el turno para adelantar esta diligencia. Duraba hasta seis horas de pie, sin conseguir su objetivo. Así duró cinco días seguidos hasta que por fin tramitó su cédula. Con el documento en mano, se abalanzó a buscar trabajo.
“Empecé a tocar muchas puertas, pero tan pronto escuchaban mi acento, me las cerraban. A veces ni me dejaban hablar. Seguía tocando puertas, porque me interesaba el bienestar de mis hijos, pero ni siquiera en una farmacia me aceptaban”, relató.
Del desespero, la doctora, egresada de tres universidades venezolanas, terminó trabajando en lo impensable: como mesera en un carro de comidas rápidas. Ahí duró semana y media, y con el trámite de convalidación del título de medicina en proceso, se aferró más a la esperanza de conseguir un nuevo empleo.
“Pasaba hojas de vida a cualquier parte y me quedaba despierta hasta la madrugada (…) Días después me llamaron del hospital de Tibú y me alegré porque necesitaban personal urgente. De una me animé y le conté a mi familia. Ellos me preguntaron que si estaba loca y que si me iba, me devolvían como carne molida”, recordó Gabriela entre risas.
Profesionales con altos estándares
Gabriela llegó a Tibú en julio de 2018. Para esa fecha, la guerra entre el Eln y Los Pelusos se encontraba en apogeo y el desplazamiento interno se agravaba.
La situación de violencia provocó una avalancha de heridos, por arma de fuego y explosiones, que inundaba a diario las camillas del hospital. “Yo había atendido en Caracas heridas por bala, pero nunca había visto tantos pacientes afectados por explosiones. Esto no me lo esperaba, pero me fui adaptando”, contó esta doctora colombovenezolana.
Junto a sus otros ocho compatriotas, especializados en traumatología, ginecobstetricia y medicina interna, recibía a estos pacientes, mientras se capacitaba en temas administrativos.
La gerente del complejo asistencial, Maribel Trujillo, destacó que estos empleados extranjeros están formados con altos estándares y refuerzan la prestación del servicio médico. “Aunque estos profesionales solo atienden medicina general, su conocimiento hace que el tratamiento sea casi igual al de los galenos locales”, señaló.
Plan de integración del Gobierno para venezolanos
El pasado 17 de septiembre, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que de los 2’465.000 desempleados del país, 81.000 corresponden a ciudadanos provenientes de Venezuela.
Para evitar la tendencia en ascenso de esta cifra, la Gerencia de Frontera del Gobierno Nacional elabora una ruta de atención para derribar las barreras que enfrentan los venezolanos a la hora de convalidar el título profesional y conseguir trabajo.
“Esto es una muestra de que debemos seguir trabajando por la inclusión económica de los migrantes. Se trata de aprovechar el conocimiento y sus capacidades. Venezuela tuvo hace años un sistema de educación que producía profesionales con altos estándares. Por eso hay que agilizar el proceso de convalidación, mejorar la caracterización y avanzar en la incorporación de estas personas en el sector público y privado”, precisó Felipe Muñoz, gerente de Fronteras.
Aunque se sigue afinando la estrategia con miras a incluir la comunidad extranjera al sistema económico, el funcionario espera que su aplicación, impulsada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), facilite en los próximos meses el acceso a este beneficio y que profesionales como Gabriela sigan dejando su huella productiva en el país
