A seis años del cierre fronterizo entre Colombia y Venezuela el intercambio comercial entre ambas naciones sigue paralizado, al igual que el flujo de vehículos y el paso de personas es limitado por los puntos de control migratorio, pero masivo por vías irregulares. 

Sin embargo, el Gobierno nacional ha establecido mecanismos regulación de la población migrante y leyes que los apoyen dentro del territorio colombiano.  

Regularización

Meses después del cierre, el Gobierno Nacional emitió una serie de documentos de tránsito y permisos temporales de permanencia para los migrantes venezolanos con el objetivo de regularizarlos. 

El 13 de agosto de 2016 nació la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) con la que la población pendular venezolana solo podía movilizarse en el eje fronterizo para hacer compras de primera necesidad, buscar atenciones médicas y otros servicios básicos. 

Sin embargo, la demanda de la TMF y el aumento de la población venezolana en el país motivó al Estado, a través de la Cancillería y Migración Colombia, a crear el Permiso Especial de Permanencia (PEP) para llevar un control de la situación migratoria de aquellos ciudadanos que, antes del 28 de julio de 2017, ingresaron de manera regular. Dicho permiso tendría una vigencia de dos años.

Seguidamente, en 2018, se realiza el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) el cual buscaba una caracterización sociodemográfica de la población venezolana en el país y ese mismo año inicia la tercera versión del PEP para los migrantes inscritos en el RAMV.

También abrieron una versión del PEP para exmilitares venezolanos y en enero de 2020 habilitaron el permiso laboral llamado PEPFF.  Actualmente está en curso el proceso para la obtención del Permiso por Protección Temporal del Estatuto, el cual busca regularizar a más de 2.000.000 de venezolanos.

Éxodo masivo

Este evento detonó una de las peores crisis migratorias. Más de 2.200 colombianos fueron deportados de Venezuela y 18.000 retornaron voluntariamente en vista de los sucesos posteriores al desalojo forzado. También, más  de 314.000 venezolanos decidieron irse de Colombia. 

Desde hace seis años, el éxodo de venezolanos ha sido progresivo.  En 2015 habían 31.471 venezolanos en suelo colombiano; luego en 2016 aumentó a 53.747. En 2017 subió acelaradamente a 403.702 ciudadanos extranjeros. En 2018 ya habían 1.174.743; en 2019 subió a 1.771.237; en 2020 (año de la pandemia)  descendió a 1.729.537 y hasta enero de 2021,  se incrementó a 1.742.927. 

La OEA precisó cinco motivos principales de esta huida masiva: una “emergencia humanitaria compleja”, “violación sistemática a los derechos humanos”, “inseguridad”, “colapso de los servicios básicos” y “alto costo de vida”. 

Política migratoria

Ante la difícil situación del vecino país y la migración masiva de venezolanos, el Estado inició la construción de una norma que buscara cobijar a los migrantes extranjeros dentro del territorio nacional.

Siempre existieron reglamentos en cuanto a temas migratorios, pero enfocados en aspectos muy puntuales, de manera que, se pensó en una ley general y comprensiva sobre política migratoria.

En 2018, el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo radicó ante la secretaría del Senado un proyecto de ley para establecer una política migratoria colombiana.

La Política Integral Migratoria surgió para responder al complicado contexto migratorio, que incluye estrategias para atender, apoyar y acompañar a los  migrantes extranjeros en Colombia.

Con la aprobación de dicha política por parte de la presidencia de la República se garantizan unos lineamientos, derechos y obligaciones para los extranjeros en tránsito y con vocación de permanencia en nuestro país, aseguró la Cancillería en un comunicado.

La ley contempla, además, disposiciones para la integración social y económica, ordenada y legal, de los extranjeros que buscan establecerse en el país. También adopta medidas preventivas y respuestas en situaciones de riesgo como el tráfico de migrantes, la trata de personas y el refugio para aquellos en donde su situación represente un peligro para su vida por amenazas de cualquier índole.