Los migrantes en Colombia han quedado por fuera de los 33 decretos presentados por la Presidencia para hacerle frente a la emergencia causada por la pandemia del coronavirus. Al igual que el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Cúcuta y otros municipios del área metropolitana han desatendido esta población radicada en el país, que hasta el 29 de febrero de 2020, según cifras entregadas por Migración Colombia, se ubica en 1.800.000 venezolanos.
Algunas entidades publican medidas de atención, pero ninguna es explícita en relación al amparo de las 202 mil familias del vecino país (11,45% de los migrantes venezolanos), que se encuentran en Norte de Santander.
La Alcaldía de Cúcuta anunció la continuidad de algunas ayudas como el Programa de Alimentación Escolar (PAE); así como soluciones alimentarias a 150 beneficiarios del sector Cultura. También emitió un “pico y cédula” para evitar aglomeraciones, posibles contagios y propagación del virus en las calles, pero sin hacer mención clara sobre los migrantes y el tipo de documento con el que pueden circular. Tampoco menciona el tratamiento de atención ante el contexto del virus.
Pese a que el Ministerio de Salud publicó los lineamientos para la prevención, detección y manejo de casos de COVID-19 entre la población migrante en Colombia, no hay un marco legal lo suficientemente amplio que abarque a todos los ciudadanos. Solo se han ejecutado medidas temporales como transferencias monetarias a 150 mil familias y 150 mil mercados a personas en condición de vulnerabilidad en Bogotá.
René Díaz Granados, director del Departamento Administrativo de Bienestar Social de la Alcaldía de Cúcuta, fue consultado sobre la falta de un decreto nacional que salvaguarde a los migrantes, pero dijo desconocer este asunto. Sin embargo, asomó muy brevemente que “sí debería” aplicarse una ordenanza de protección a esta población.
Por su parte, Ronald Rodríguez, investigador y director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, afirmó que ninguna de las entidades públicas ha emitido un decreto puntual para la atención de la población en condición de movilidad humana. No obstante, comentó que durante una audiencia pública en el Senado, la semana pasada, se plantearon una serie de medidas en las que se incluyan a los venezolanos como población vulnerable.
“El tema migratorio en Colombia es absolutamente complejo, así como hay población migrante en condición de vulnerabilidad, también hay población migrante que no está en condición de vulnerabilidad. Felipe Muñoz, quien es la persona encargada del Gobierno, es el responsable ante el Estado para manejar y crear la política en esa dirección; no obstante, no se ha podido hacer tan fácilmente porque el Estado colombiano es de recursos limitados y particularmente en un momento en que se está exigiendo muchísimo para poder enfrentar la dinámica de la COVID-19”, dijo Rodríguez.
El experto indicó la importancia de no diferenciar la población en el mismo territorio, y planteó la creación de instrumentos de manejo sobre movilidad humana, en los que la sociedad colombiana no se vea desplazada por dicha ayuda. Por eso hizo énfasis en que todos en esta situación deben catalogarse como vulnerables, independientemente de la nacionalidad. Precisó que un registro único de venezolanos permitirá al Gobierno tomar acciones de atención y que a largo plazo, ellos ayudarán en la reconstrucción socioeconómica después de la COVID-19.
El senador Antonio Sanguino expresó su preocupación por la situación de miles de venezolanos en Colombia que han perdido su trabajo informal y fueron desalojados de sus viviendas como consecuencia de la pandemia. Detalló que de los 92 decretos emitidos por el Gobierno Nacional, 33 de ellos hacen referencia a las medidas de la COVID-19, sin mencionar a la población migrante.
Sanguino hizo un llamado al presidente Iván Duque para que expida un decreto ley relacionado con el asunto migratorio en el marco del coronavirus, basado en una regularización migratoria, un sistema de registro de información y de asistencia a los migrantes bajo una figura institucional. También planteó, como ocurrió en España, apresurar la homologación de títulos y permisos de trabajo para incorporar a los médicos migrantes al Sistema Nacional de Salud y así afrontar la enfermedad.
