El derecho a la salud debe ser respetado por las entidades prestadoras de salud y atendido sin distingo de clase o estatus, esto es, que a nadie se le puede negar cuando intente acceder a él, así se trate de personas migrantes que estén en el territorio nacional.
Lo anterior corresponde a la principal conclusión que dejó la Audiencia Defensorial sobre la protección fundamental a la salud y el estatus migratorio en esta frontera, convocada por la Defensoría del Pueblo y con presencia de todas las entidades que prestan servicio de salud en el departamento y del superintendente nacional de Salud, Ulahi Beltrán.
La actividad tenía como propósito aunar esfuerzos y coordinar acciones para hacer que se cumplan los derechos al acceso oportuno a la salud y establecer cómo se están prestando los servicios de salud a la población migrante en esta frontera.
El delegado para la salud y seguridad social de la Defensoría del Pueblo, Leonardo Huerta, en su intervención indicó que la lucha por los derechos humanos nunca será fácil. En un mensaje de reclamo a las entidades prestadoras de salud les hizo ver que el derecho a la salud está por encima del carné y de la tarjeta que certifique el estatus de los migrantes en esta frontera.
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“No se le debe negar el acceso a la salud a ningún migrante, porque es un derecho humano”, dijo Huerta.
Llamó la atención de que en Colombia la salud solamente funciona los fines de semana y puentes festivos para urgencias vitales, algo que no debe seguir pasando porque si una persona lo requiere por algún dolor o medicamento debe ser atendida sin ninguna objeción por los prestadores de salud. “No obstante, este derecho fundamental es el más vulnerado de todos”, dijo Huerta.
Por su parte, José González, delegado para los derechos de movilidad Humana, reveló que con corte al 23 de noviembre del presente año en Colombia están presentes 2.88 millones de migrantes.
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En este sentido, González hizo un llamado a los nuevos gobernantes y al mismo Gobierno Nacional para que en sus políticas públicas empiecen a incluir normativas que garanticen los derechos y la protección de la población migrante, sobre todo en el tema del derecho a la salud.
Dos intervenciones que llamaron poderosamente la atención de los asistentes fue la de los voceros de las comunidades yukpa y uwa. Ellos consideran que la audiencia resulta oportuna porque les permite dar a conocer que siguen estando ocultas sus voces en esta frontera.
Revelaron que en el caso de los yukpa solo el 20 por ciento de esa comunidad migrante que está presente en Cúcuta, Tibú y El Tarra está afiliada a una red de salud estatal, el resto, niños, mujeres y adultos mayores están desprotegidos, no tienen acceso a los servicios de salud.
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“Qué pueden hacer por nosotros, que no tenemos registro ante el ministerio del interior ni la garantía de la afiliación a salud con enfoque diferencial”, se preguntó el vocero de los yukpa.
Esto mismo reveló el vocero de la comunidad uwa, quien reclamó que su población enfrenta muchas barreras para tener acceso a la salud. “Debemos caminar por montañas tres días y cuando llegamos a algún municipio nos dicen que no tenemos acceso a la salud, no nos atienden y muchos han muerto en esta espera, reclamó el vocero.
Muchos líderes y veedores presentes en la audiencia preguntaron a las entidades prestadoras de salud sobre los derechos de acceso a la salud para la población migrante, para lo cual exigieron que se eliminen las barreras para ellos.
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Habla Supersalud
El superintendente de Salud, Ulahi Beltrán, reveló que las reclamaciones de la población migrante han sido motivadas por varias razones, entre las que se encuentran, la falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica especializada, demora para la prestación de servicios de imagenología de segundo y tercer nivel, retrasos en la entrega de medicamentos, falta de oportunidad en la programación de cirugía y restricción en la libre escogencia de EPS.
Con 1.345 quejas, octubre de 2023 fue el mes que tuvo la mayor cantidad de reclamos radicados ante la Supersalud por parte de la población migrante. Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y Bogotá D.C., son los entes territoriales donde se han presentado la mayor cantidad de reclamaciones en lo corrido de este año.
El funcionario anunció que el año entrante se creará una oficina de la Supersalud en Cúcuta.
