La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres preparó un informe que se socializará este martes 3 de diciembre en el hotel Casa Blanca de Cúcuta, con representantes de entidades territoriales y contará con la participación de líderes de migrantes venezolanas que tuvieron dificultades para practicarse una interrupción del embarazo de manera legal en Colombia.
Fueron 21 casos ocurridos entre noviembre de 2018 y septiembre de 2019 los que se estudiaron en este documento y con el que se pretende hacer visibles las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres venezolanas una vez llegan al país.
Hay que tener en cuenta que en Colombia es legal esta práctica según lo estipula la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional.
El documento estipula que tienen derecho siempre y cuando: represente un riesgo de muerte para la mujer embarazada, haya malformaciones en el feto que le impidan una vida cuando nazca o cuando la mujer ha sido víctima de violación.
“Las venezolanas que llegan en condición irregular desconocen cuáles son sus derechos en salud sexual y reproductiva. Además, para acceder a un aborto legal y seguro tienen dificultades”, asegura Carolina Triviño, abogada de la Mesa.
El informe presenta los relatos de las migrantes, quienes entre otras cosas, denuncian obstáculos como negación del aborto en hospitales públicos por no tener el Permiso Especial de Permanencia (PEP), o que no les reciben denuncias instauradas por abuso sexual en Venezuela.
“Deberían prestarles este servicio sin pedirles documentos que acrediten su estadía regular y de manera prioritaria en los centros de salud. Por eso luchamos para que tengan igualdad de condición sin ningún tipo de discriminación”, dijo Triviño.
Este estudio fue elaborado con la colaboración de la Fundación Oriéntame, en alianza con la Corporación Mujer, Denuncia y Muévete. Recibió el apoyo de Médicos del Mundo.
